“No es cierto que
en los últimos años Aena haya sufrido una falta de controladores”,
aseguraba ayer con convicción el titular de Fomento, José Blanco.
Una realidad que contrasta con los dos cursos de formación realizados
este año por el gestor aeroportuario y las 3.200 solicitudes para los
procesos de selección de nuevos alumnos lanzados en julio. Claro que los
aspirantes tal vez deberían pensárselo dos veces a tenor del futuro que
les ofrece el ministro. “Del mismo modo que hay 3.000 pilotos en paro, puede haber 3.000 controladores en paro. Puede haberlos”, alumbró retorciendo el argumento hasta el absurdo.
El
ministro quería combatir el mantra de los controladores: se han hecho
demasiadas horas extra en el pasado y ha habido bajas médicas en los
últimos meses por la falta de plantilla. Pero se pasó de frenada. “Se están formando, pero no se necesitan”,
subrayó sobre los aspirantes a ocupar las torres. Y a tenor de los
datos que ofreció, estaría en lo cierto. El ratio de operaciones por
controlador se situaría entre los más bajos de los países de nuestro
entorno. En concreto, un 46% inferior a Alemania, un 16% a Francia y un
50% a Reino Unido, zanjó durante su comparecencia en el Congreso. Triste
porvenir para los novatos, que al menos engordarán el mercado de controladores.
Blanco
volvió a poner el foco de su intervención en uno de sus clásicos: los
sueldos del gremio. Hasta el punto de que sus colaboradores facilitaron
documentación a la prensa sobre la retribución percibida por el
colectivo en 2008 y 2009, ejercicios en los que el PSOE no dejaba de
estar en el Gobierno tolerando la situación que ahora combate. Datos
llamativos, eso sí. Por ejemplo, 135 profesionales cobraron en 2008 más
de 540.000 euros al año. Mejor esos fuegos artificiales que entrar en el debate jurídico que le plantearon algunos grupos parlamentarios sobre la posible inconstitucionalidad del Real Decreto aprobado el 4 de diciembre que militariza a los controladores aéreos.
Sin ir más lejos, el portavoz de ERC, Joan Ridao,
expresó sus dudas sobre si “el Real Decreto tiene cobertura
constitucional suficiente”, en tanto supone delegar poder ejecutivo en
el Jefe del Estado Mayor y militarizar un colectivo. En la misma línea,
el de IU, Gaspar Llamazares, recordó al titular de Fomento que la medida era “de dudosa constitucionalidad” cuando se adoptó el 4 de diciembre. “Ahora no existe el menor argumento constitucional ni legal para mantenerla”,
le apuntó en referencia a la prórroga del estado de alarma planteada
ayer por el Ejecutivo. Para Llamazares, no existe ya una paralización de
los servicios públicos ni ha sobrevenido una situación de “calamidad
pública” que justifique un plazo adicional.
Evitar problemas estas Navidades
La
sensación que dejó Blanco es que el Gobierno alarga el estado de alarma
en función de una mera hipótesis. “Se ha creído lo que dicen los
controladores, que no van a dificultar el tráfico aéreo –espetó el
ministro a Ridao- (…) Si yo tuviera la misma seguridad, tendría la plena certeza de que no va a pasar nada en Navidades. Pero no la tengo”. La Ley 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio,
no contempla la ampliación de una de estas situaciones, claramente
excepcionales, con carácter preventivo. “La prórroga sólo aplaza el
problema”, que el Ejecutivo demora con “soporte militar”, recordó
Llamazares.
También
se preguntó a Blanco por las medidas adoptadas por el Gobierno en los
15 días de estado de alarma. Fomentó ya ha dejado claro que no se
sentará a negociar con los controladores mientras se prolongue la
situación de excepcionalidad, lo que parece abocar el conflicto a un
arbitraje cuando concluya el plazo negociador del 31 de enero fijado por
el propio ministro. “¿Qué ha hecho desde el día 4 para acabar con ese estado?¿Cómo
es que no tiene más medida que la prórroga?¿En qué se justifica? Si
necesitan prorrogarlo es porque no han controlado la situación. Una
medida tan excepcional necesita más explicaciones”, dijo el portavoz
del PP, Andrés Ayala, mucho más conciliador que en otras ocasiones.
Claro que, ¿y si el affaire de los controladores sólo fuera una coartada para sacar del foco la privatización de Aena? Fue el argumento del BNG, representado por Francisco Jorquera.
Ridao fue más lejos y acusó al Gobierno de estigmatizar a un colectivo
para ocultar el problema de fondo, que es el modelo aeroportuario y la necesidad de “malvender Aena” por el déficit de las arcas públicas.
También achacó al Ejecutivo que esté utilizando la crisis de los
controladores para dejar en segundo plano la situación económica del
país. Blanco rechazó de plano cualquier argumentación en esta línea y
dejó claro que “nada se va a privatizar”. E insistió en que las torres
saldrán a concurso “en régimen de concesión manteniendo la titularidad
pública”.
El
ministro se reafirmó en uno de los grandes hallazgos de Fomento en las
últimas semanas. Un hallazgo que fue el detonante de la reacción salvaje
de los controladores: distinguir la jornada aeronáutica de la jornada
laboral. Una separación que lleva a reflexiones como la que lanzó el
propio Blanco: “Una baja paternal o maternal no computa como jornada aeronáutica”, dijo. Tampoco las imaginarias
no presenciales (turnos de guardia que no se realizan en el centro de
trabajo, aunque el controlador tenga que estar disponible). Eso sí, si
alguien tiene dudas sobre la percepción que tiene la opinión pública
sobre el conflicto, que le pregunte a él. A tiempo parcial, Blanco maneja encuestas. “Le podría dar datos de lo que piensa la opinión pública, porque los tengo”, replicó a un diputado.
