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diumenge

CARTA DE SPICA A LA MINISTRA DE FOMENTO

5 de diciembre de 2012
 
Excelentísima Señora Ana Pastor:

El objeto de esta misiva es denunciar y someter a su consideración la actuación de la actual Secretaria General de Transporte Doña Carmen Librero Pintado durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Parlamento Español el pasado veintisiete de noviembre de 2012.

En su intervención, Doña Carmen Librero lanzó graves y falsas acusaciones contra los controladores de la circulación aérea españoles, mintiendo a los parlamentarios al afirmar que los días tres y cuatro de diciembre de 2010, los controladores aéreos abandonaron masivamente sus puestos de trabajo.

Desde este sindicato negamos rotundamente tal afirmación y la calificamos como una mentira y una calumnia cuyo objetivo es apartar la atención de su propia responsabilidad en los hechos.

Lo que es aún más grave: la Secretaria General de Transportes ha lanzado estas calumnias a sabiendas de que en las diligencias judiciales que se están llevando a cabo, los directivos de AENA que en aquel momento eran sus subordinados, ya han declarado ante el Juez instructor que los controladores aéreos NO abandonaron sus puestos de trabajo.

Estas calumnias son en estos momentos especialmente dolorosas, ya que tratan de intoxicar e influenciar tanto a los parlamentarios como a la opinión pública, causando una grave perjuicio a los controladores aéreos, pues sabe que un buen número de ellos se encuentra actualmente inmerso en un penoso e injusto proceso judicial que está teniendo consecuencia psíquicas y emocionales muy severas en todo el colectivo de trabajadores, como pueden atestiguar los médicos militares del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (Ministerio de Defensa), donde muchos controladores pasan sus exámenes médicos obligatorios.

No es aceptable que aquellos que ocupan altos cargos en la Administración Pública del Estado puedan influir negativamente en la resolución justa de un proceso judicial en curso mediante su comportamiento o sus declaraciones.

Puesto que Doña Carmen Librero Pintado ha llegado al puesto que ocupa actualmente bajo su designación, sus actos y comportamiento inevitablemente se reflejan en Usted.

Este comportamiento empaña tanto la transparencia como la impecabilidad que cualquier ciudadano espera de los gestores de la Administración Pública. Doña Carmen Librero, al presentar una situación que sabe que no ocurrió, actúa de mala fe, no sólo contra un colectivo que ha sido maltratado durante ya casi tres años, sino contra los representantes políticos que componen la Comisión y por tanto contra toda la ciudadanía. Doña Carmen Librero lleva ya mucho tiempo haciendo un daño irreparable con su nefasta gestión, su desprecio absoluto por su propio trabajo y por el de sus subordinados y con sus arriesgadas, por falsas, declaraciones públicas sobre un colectivo de una empresa pública, sin que nadie quiera darse cuenta de la gravedad de la situación. De esto puede dar fe Don Andrés Ayala, responsable del Partido Popular en la Comisión de Fomento en la anterior legislatura.

Ahora más que nunca debemos comprender que es fundamental el esfuerzo, el entendimiento y la honestidad de todos para salir de la situación en la que nos encontramos.

Por todo lo expuesto anteriormente, rogamos su consideración y solicitamos no sólo como controladores de la circulación aérea, sino también como trabajadores y especialmente como ciudadanos, la destitución de Doña Carmen Librero Pintado como Secretaria General de Transporte del Ministerio de Fomento.

Puesto que no podemos seguir permitiendo que se mancille continuamente nuestra profesión, lamentamos informar de que tomaremos todas las medidas legales necesarias para combatir las calumnias y mentiras que provengan tanto de su Ministerio, como de cualquier otro ámbito u organismo, en defensa de nuestro honor y dignidad.

Fdo.: El Secretario General del Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos – SPICA

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divendres

IAG

La aerolínea angloespañola IAG no cederá ante el sindicato de pilotos Sepla y ha puesto como fecha límite el 31 de enero. Si para entonces no han llegado a un acuerdo, están dispuestos a forzar el cierre de Iberia y quedarse sólo con la filial de bajo coste Iberia Express y con Vueling.

Iberia ha puesto sobre la mesa un ajuste de plantilla de 4.500 empleados. Su idea central consiste en recuperar la rentabilidad de la compañía para poder operar frente a las low-cost y competir en Latinoamérica. Según la empresa, en la actualidad los costes de los vuelos de corto y medio radio duplican a los de los competidores. Y en el largo radio se elevan entre un 10 y un 25 por ciento más que los de los rivales.

Fuentes empresariales revelan que hay buena disposición para negociar con CCOO y UGT. Incluso admiten que se podría aplicar algún tipo de ERTE con rebajas de sueldos que aminoren el golpe. Además, se muestran abiertos al mantenimiento de algunas líneas que se consideren estratégicas para el turismo, tal y como demandan algunos sectores del Gobierno.

Sin embargo, interpretan que el Sepla se mostrará inflexible y que con ellos no habrá margen para llegar a un acuerdo. Así que el conflicto con los pilotos parece inevitable.

Los sindicatos denuncian que hay una estrategia para vaciar Iberia; que no se ha renovado la flota a tiempo con el objeto de ahorrar en combustible; y que los contratos de suministro se han diseñado mal.

Al mismo tiempo, la ministra de Fomento, Ana Pastor, se ha posicionado más cerca de las posturas de los pilotos. Algunas fuentes cercanas al Ejecutivo apuntan en privado lo mismo que los sindicatos: “El presidente de IAG e Iberia, Antonio Vázquez, y el consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez-Lozano, pretenden dejar Iberia como una patena para los ingleses”.

Y estos segmentos del Gobierno han estado barajando distintas posibilidades. Una de ellas era aprovechar que tienen las acciones de Bankia y la Sepi para imponer un cambio en la dirección. Sin embargo, sólo se puede renovar un tercio del Consejo cada cuatro años.

Otra opción consiste en disolver la fusión. Pero en ese caso el Gobierno se arriesga a quedarse con Iberia y tendría que asumir unas pérdidas que en este ejercicio ascenderán a los 350 millones, según fuentes de la empresa. Para colmo, Aena también encajaría mayores números rojos.

Tanto algunas voces del Gobierno como analistas coinciden en señalar a Vázquez y Sánchez-Lozano por la gestión: “Le dan demasiada importancia a la coyuntura económica. Se han dormido en los laureles y no han emprendido los ajustes a tiempo. Del aumento del 8 por ciento del tráfico que se ha dado en Latinoamérica, Iberia sólo se ha llevado un punto”, comentan.

En el arbitraje que tuteló Manuel Pimentel se estuvo cerca de alcanzar un consenso. De hecho, el exministro de Empleo pidió una semana más. Sin embargo, en opinión de algunas fuentes del sector, Vázquez y Sánchez-Lozano se precipitaron al no concederla y seguir adelante con Iberia Express.

En los últimos días, Sánchez-Lozano ha llegado a sugerir al Gobierno que se podrían retirar de la T-4, donde se han invertido 6.000 millones que aún hay que amortizar.

No obstante, semejante suerte de chantaje también se antoja imposible. Los derechos de vuelo de Iberia en la T-4 son estratégicos para British Airways, pues la expansión de Heathrow no puede llevarse a cabo y precisan de más espacio para crecer.

La firma de los acuerdos que fusionaron a British Airways e Iberia permitirán a la compañía británica eliminar la marca española del espacio aéreo si lo desea a partir del año 2016. Así lo recoge la salvaguarda 3 del documento remitido a los reguladores británico y español en el que la dirección británica se reservaba la potestad de “conservar” las marcas. El pacto entre ambas firmas permite a IAG (donde British tendrá mayoría accionarial del 50,1%) imponer decisiones 5 años después de firmada la fusión, es decir, el 21 de enero de 2016.

Ese es el grado de control que British se ha reservado en la fusión y que el Presidente, Antonio Vázquez, y Consejero Delegado de Iberia, Rafael Sánchez-Lozano, aceptaron en su carrera por cerrar una fusión con la compañía británica. Esos términos fueron rechazados anteriormente por el anterior Presidente, Fernando Conte, según han revelado a Vozpópuli fuentes de su entorno. Conte dimitió por sorpresa el 8 de julio de 2009, un año después de comenzar las conversaciones para la fusión.

IAG tiene, por tanto, derecho a eliminar las conocidas como “estructuras de nacionalidad” con el único compromiso por escrito de “reflejar la importancia de Madrid Barajas” y con una intención que podría quedarse en eso: la que establecía que las actuales limitaciones de capacidad en Londres Heathrow podrían implicar la existencia de una mayor capacidad de crecimiento en Madrid Barajas.”

Los empleados refutan el coste por trabajador

La guerra de cifras sobre el coste por empleado de la compañía ha alcanzado tal grado de enconamiento que los empleados han elaborado un informe interno de costes de personal que discrepa enormemente de las cifras oficiales de la aerolínea. Según ese informe al que ha tenido acceso Vozpópuli, el coste de los empleados de Iberia y que cargarán con la mayoría de despidos es inferior al del socio británico y ronda el de algunas compañías de bajo coste.

Según esas cifras, el coste por empleado de Iberia es de 68.298 euros al año, es decir, una nómina un 4% inferior que la que ingresan los trabajadores de British Airways. Sin embargo, los planes de IAG pasan por recortar 4.500 empleos entre los trabajadores españoles.

El salario de los empleados de la aerolínea española ronda el de aerolíneas de bajo coste como Easyjet y supera en un 13.000 euros anuales el de la recién adquirida Vueling. 


diumenge

ESTAFADOS

El proceso de liberalización y privatización de la formación de la profesión de nuevos controladores aéreos en España no ha comenzado con buen pie. Tras realizar en Reino Unido un curso de cinco meses (de octubre de 2010 a febrero de 2011) en un centro de la empresa británica Astac Limited, a día de hoy los 40 alumnos de la primera promoción todavía no han recibido ninguna clase de título que les permita iniciar su vida profesional y laboral en las torres de control de los aeropuertos españoles. Y lo peor es que es probable que no lo reciban nunca.

Para realizar el curso cada aspirante tuvo que abonar una suma de 33.000 euros, que entregó a la Universidad Camilo José Cela, quien ha actuado en el proceso como coordinador de esta nueva fórmula privada del acceso a la profesión de controlador aéreo.

Un grupo de alumnos afectados han explicado que las autoridades de la seguridad en la aviación civil tanto en España, AESA, como en Reino Unido, CAA, se niegan a homologar el curso de cinco meses que realizaron en las instalaciones de Astac Limited en las localidades británicas de Shoreham y Gloucester. Para justificar esta negativa ambas entidades argumentan que Astac Limited nunca les comunicó la realización de los cursos, hecho que es preceptivo. Además, el programa académico impartido responde a una titulación de OACI, la agencia mundial de seguridad aérea, pero no se ajusta a los requisitos que en los últimos meses ha aprobado la Unión Europea.

Para terminar de complicar las cosas, según explican los alumnos, Astac Limited se encuentra desde principio de año en una delicada situación económica que ha forzado su venta a la compañía Global ATS.

Una fuente autorizada de la Universidad Camilo José Cela ha asegurado que esta institución retiene los pagos realizados por los 40 alumnos afectados (1,3 millones de euros en total), y que no serán entregados a Astac hasta que se resuelva la situación. En su opinión la grave situación en la que se encuentra la primera promoción privada de controladores aéreos españoles ha sido provocada por "los cambios continuados que han ido produciéndose en los planes de liberalización de la formación". En todo caso ha asegurado que "los 40 alumnos pueden haber perdido cinco meses de su tiempo pero en ningún caso su dinero". La universidad se compromete a apoyar la solución que está buscando el Ministerio de Fomento, AESA y la británica CAA. Esta solución podría pasar por "la realización de un curso complementario o por la repetición íntegra de todo el proceso de formación; en todo caso podrán tener su título europeo homologado antes de que termine el año".

Fuentes cercanas a Fomento justificaron la negativa de AESA y de CAA a dar validez a los cursos impartidos por Stac Limited, pero aseguraron que apoyan los esfuerzos de aviación civil para encontrar una solución.

Por su parte, un responsable de Astac en España eludió pronunciarse sobre el problema.

La pública Senasa ha preparado a 95 profesionales

Mientras las nuevas experiencias de formación privadas de controladores sufren turbulencias, el tradicional centro público de adiestramiento, Senasa, ha iniciado su nueva vida en competencia con relativa tranquilidad. Esta misma semana sale de sus aulas la segunda promoción de titulados, con lo que ya son 95 los profesionales que acceden por esta vía a la carrera según el régimen liberalizado de formación.

Los problemas que ha sufrido esta nueva generación de controladores se refieren a los retrasos en su incorporación a la actividad en los centros de Aena.

En aplicación de la reforma de la profesión de control aéreo aprobada por decreto en abril de 2010, la formación quedaba liberalizada. Desde esa fecha se puede habilitar para impartirla cualquier institución que reciba el título de aviación civil.

Para Senasa el cambio supuso dejar de recibir las becas millonarias con las que Aena pagaba la formación de los controladores que posteriormente se incorporaban a su plantilla.

Los nuevos aspirantes deben pagar un precio mínimo por su formación de 45.000 euros. La formación, además, no se concibe como un proceso tras el cual se puede aspirar a controlar cualquier tipo de tráfico aéreo. Una primera formación básica permite trabajar en las torres de control y un proceso académico más largo, caro y complejo habilita para incorporarse a los centros de organización del tráfico en ruta.

La Universidad Camilo José Cela, en alianza con una recién creada filial española de Astac, inició la pasada primavera un segundo curso de formación, de 30 aspirantes. Esta tentativa cuenta con la certificación de la AESA e imparte el programa de la UE.

Amaltea, iniciativa interna del USCA

Un grupo de profesionales del control aéreo vinculados laboralmente a Aena e integrados en el sindicato de controladores aéreos (USCA) ha lanzado una iniciativa que tiene como objetivo crear una empresa privada de formación. El nombre elegido para la iniciativa es Amaltea, según fuentes cercanas a la misma.

El modelo de negocio que se plantea se aleja de la modalidad tradicional de ofrecer cursos para aspirantes individuales. La estrategia consiste en alcanzar acuerdos con administraciones aeroportuarias de países emergentes para ofrecerles la formación integral para un amplio colectivo. Las fuentes mencionadas citaron organizaciones aeroportuarias de algunos países latinoamericanos como los clientes ideales.

En principio, los promotores de Amaltea han mantenido contactos con una empresa de formación de pilotos canadiense, CAE, que, en caso de prosperar el proyecto, podría actuar como socio industrial. La compañía americana tiene presencia en España y da formación de tripulantes, con lo que podría estar interesada en completar su oferta con la formación de controladores.

Los impulsores de Amaltea han organizado reuniones en buena parte de los centros de trabajo de Aena y han ofrecido a los controladores en activo que participen en el capital de la nueva empresa mediante la compra de paquetes de acciones. La iniciativa ha obtenido por ahora una respuesta "moderada", según los controladores consultados.